Maestría en Derecho Administrativo con Mención en Contratación Pública
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Examinando Maestría en Derecho Administrativo con Mención en Contratación Pública por Materia "Contratación Pública"
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Ítem Acceso Abierto Análisis Jurídico de la figura de Convenio de Pago conforme al Artículo. 14 Numeral.- 1 y 2 en Contratación Pública.(Universidad de Otavalo, 2025-10) Romero, Hjalmar R.; Jaramillo, José R.El presente trabajo investigativo aborda la figura jurídica de convenio de pago en el área de contratación pública. Este se encuentra debidamente tipificado en la legislación ecuatoriana, destacando la importancia de verificar dentro de los procesos precontractuales y contractuales el deber y obligación de las instituciones públicas de rendir cuentas, así como la de garantizar el debido proceso y particularmente la seguridad jurídica. Siguiendo esta línea de ideas a plasmar, el problema jurídico al cual nos enfrentamos es responder la siguiente interrogante ¿La figura jurídica de convenio de pago es compatible con los principios y normas que rigen la contratación pública ecuatoriana, especialmente los contenidos en el artículo 14, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública?, el objetivo general de esta investigación consistió en analizar, mediante un análisis jurídico, la compatibilidad de la figura de convenio de pago con los principios y normas que rigen la contratación pública ecuatoriana, especialmente los contenidos en el artículo 14, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La metodología empleada responde al enfoque cualitativo por medio del cual se presenta un estudio profundo que explica la incidencia de la figura de convenio de pago en la normativa ecuatoriana, en lo referente al artículo 14, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; el nivel de profundidad investigativo fue explicativo, si bien se hizo una exhaustiva revisión bibliografía se complementó con la aplicación de una encuesta obteniendo entre los resultados más relevantes que los profesionales del derecho de la provincia de Tungurahua quienes conocen la normativa.Ítem Acceso Abierto La Contratación Pública Electrónica y su incidencia en la Seguridad Jurídica en el periodo 2024 - 2025.(Universidad de Otavalo, 2026-01) Gallegos, Laura I.; Castro, Rosana P.La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de la contratación pública electrónica en la garantía de la seguridad jurídica en el Ecuador durante el período 2024–2025, se hizo un análisis de la normativa existente al respecto, así como se incluyeron resoluciones adoptadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Se usó un análisis cualitativo con aplicación de entrevistas a funcionarios públicos cuyos puestos guardan relación con la contratación pública, se verificó que si bien, la legislación se ha modernizado al incorporar la contratación pública electrónica, también se ver deficiencias sobre todo en la falta de cumplimiento de la seguridad jurídica. Se concluyó que, la contratación pública electrónica aporta de forma parcial a la seguridad jurídica siendo una subgarantía del debido proceso, como aquel principio clave de un Estado de Derecho que permite a los ciudadanos comprender y proyectar las posibles consecuencias de los actos individuales y las decisiones de los actores jurídicos, fundamentado en normativas claras y aplicadas de forma pertinente, sin embargo, no existe un pleno accionar para su cumplimiento, se presentó desequilibrio de la norma desde un análisis cualitativo y si bien hay un marco legal de validez de la contratación electrónica, la aplicación en la práctica no garantiza la seguridad jurídica ya que: hay reformas continuas, existen ambigüedades o vacíos legales entre la norma técnica y jurídica, así como falta previsibilidad en los actos administrativos electrónicos. Las resoluciones del Servicio de Contratación Pública se emiten con cambios continuos en los requisitos técnicos, ejemplo de esto es en cuanto al manejo de la plataforma COMPRASAGIL o existen notificaciones electrónicas que no llegan a los involucrados, se requiere un criterio unificador de laÍtem Acceso Abierto La Garantía del Debido Proceso en el Examen Especial: DPC-0016-2024, en Materia de Contratación Pública, en el GAD Municipal de Espejo.(Universidad de Otavalo, 2026-01) Pantoja, Joffre E.; Benavides, Jairo D.; Castro, Rosana P.El Examen Especial DPC-0016-2024, realizado por la Contraloría General del Estado en el GAD Municipal de Espejo, se enfoca en la contratación pública de los procesos LICO- GADM-E-002-2021 y RE-GADM-E-002-2021, y su evaluación revela vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, la motivación, la debida diligencia y la seguridad jurídica. El problema principal se centra en la falta de cumplimiento de los plazos establecidos, la inaplicación de los criterios de evaluación en la licitación, y la falta de justificación técnica en la adjudicación, lo que compromete los derechos de los oferentes y genera inseguridad jurídica. El objetivo de la investigación fue determinar si el Examen Especial respetó los principios de legalidad, motivación, defensa e imparcialidad, y establecer criterios para evaluar el debido proceso en la contratación pública. La metodología empleada fue cualitativa, basada en el análisis de documentos oficiales del proceso de auditoría, incluyendo informes, comunicaciones y normativas aplicables, para evaluar la temporalidad, trazabilidad de los hallazgos y la imparcialidad del equipo de control. Los resultados principales señalan que el examen no cumplió con los plazos legales establecidos, la motivación de las decisiones fue insuficiente y no se garantizó el derecho de defensa debido a la falta de contradicción en los cambios sustanciales del informe. Se concluye que, el proceso de auditoría y las decisiones derivadas del Examen Especial no respetaron los estándares exigidos por el ordenamiento jurídico, lo que afectó la validez del procedimiento y vulneró los derechos de los administrados, generando consecuencias jurídicas que deben ser corregidas para asegurar la transparencia y la confianza en los procesos de control público.
