Reconocimiento del procesado por síntomas de trastorno mental en el proceso penal ecuatoriano vigente.

Abstract

Temática convocante que, a la luz de sucesos recientes, ha cobrado inusitada importancia. Se recurrió a la doctrina jurídica para que la investigación contenga bases teóricas sólidas con la suficiencia epistemológica que posibilite elevar la capacidad crítica científica, especialmente de los operadores de justicia; para poner el acento en todos los niveles del Sistema Judicial que integran la cadena de custodia, en el objetivo de ampliar y enriquecer el debate, renunciando a cualquier atisbo de exclusión. Análisis conceptual de la Prueba Penal como el mayor sustento principal del proceso judicial, desde la dinámica empírica. Pericia Penal, la generalidad vincula aspectos jurídicos con otras esferas del conocimiento, que determinan la designación de peritos; en la formalidad personas que actúan desde fuera del sistema judicial para viabilizar la realidad procesal. Pericia penal, en casos de síntomas de trastornos mentales, demanda concurrencia de peritos dotados de formación científica y experticias competentes en el campo médico, social y hasta ambiental; profesionales individuales o corporativos que hagan institucionalidad, quienes deben contar con la infraestructura y logística eficiente, para que sus intervenciones alcancen el nivel de concluyentes. Imputabilidad e inimputabilidad, términos relativamente antinómicos, forman las disyuntivas procesales que deben ser asumidas por operadores de justica. Es casi ineludible contar con recursos proporcionados por las ciencias médicas, en espectro amplio. Salud Mental, componente fundamental de la condición humana que ha merecido atención de instituciones del máximo orden mundial, como ONU y OMS, los cuales han celebrado Resoluciones y Convenios de los que el Ecuador es signatario. Recomiendan actualizar cuerpos legales, formulación de políticas públicas, reformas al sistema penal. La dramática crisis del sistema carcelario, que ha ensangrentado las cárceles del país, ha planteado retos enormes al Estado para dar respuesta que aún no aparecen, pero que son materia de debates en todos los ámbitos, muy marcadamente en el judicial.