La desproporcionalidad de las sanciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal contra el delito de cohecho entre el oferente y retribuyente incide en el cometimiento del delito contra la eficiencia de la administración pública.

Abstract

Este artículo científico busca identificar las causas por el cometimiento del delito de cohecho, tipo penal regulado en el Código Orgánico Integral Penal. Es necesario comprender la naturaleza de las excepciones que existen en el enjuiciamiento de delito de cohecho. Estas excepciones son la imprescriptibilidad de la acción y de la pena, y la facultad de continuar un proceso en ausencia del procesado; regulaciones que existen aun cuando su aplicación se encuentra en conflicto directo con derechos básicos; tales como el derecho a la defensa y el debido proceso. El problema principal que se ha abordado es el análisis del delito de cohecho a fin de determinar si esta disposición penal ha tenido un resultado eficaz en la lucha contra la corrupción y las actividades poco éticas de autoridades, servidores/as públicos y el retribuyente, y si las sanciones impuestas son proporcionales tanto para el oferente y retribuyente; considerando que parecía ser el objetivo del legislador para su creación, por lo que si este objetivo no ha sido alcanzado tal vez sea hora de analizar si esta normativa es, eficaz y necesaria. Es decir, en nuestra realidad es notorio que los corruptos/as al iniciarles un proceso penal, los mismos obtienen información privilegiada y huyen de la justicia. Se pretende demostrar como la sanción establecida en el Art. 280 del Código Orgánico Integral Penal no es proporcional entre el oferente y retribuyente, sancionando al servidor público quedando en la impunidad el empresario que ofreció la coima, persistiendo el perjuicio social y, económico que afecta al bien jurídico protegido.