El principio constitucional de reserva de ley y la capacidad normativa de los órganos de la administración pública en el Ecuador

Abstract

El presente trabajo de investigación está enfocado en el estudio del principio constitucional de reserva de ley y la capacidad normativa de los órganos de la administración pública en el Ecuador, como una garantía condicionante del ejercicio del poder conferido a las autoridades públicas que limita su accionar bajo la premisa de que la función administrativa debe guardar un respeto irrestricto respecto a que ciertas materias en razón de su importancia para los administrados solo puedan ser regulados mediante la expedición de una ley; de esta manera, en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, la influencia del Derecho Administrativo ha permitido la promulgación de leyes que se han constituido en garantías básicas del ordenamiento jurídico vigente, pues, al abordar su regulación, se ha ido depurando las instituciones y sus procedimientos, estructurando las bases del ejercicio de la función administrativa por parte de los órganos de la administración pública. El objetivo general es analizar el principio constitucional de reserva de ley y la capacidad normativa de los órganos de la administración pública en el Ecuador, bajo un enfoque cualitativo, por cuanto la situación problemática se analiza de forma abierta y sus resultados no son cuantificables; en este sentido, la investigación de nivel descriptivo, permite llegar a conocer la actividad de los órganos de la administración pública y el principio constitucional de reserva de ley como una garantía limitante del ejercicio de la capacidad normativa que gozan los mismos. En efecto, la investigación procura determinar de manera puntual el mecanismo que desde una perspectiva constitucional es idóneo para solventar aquellas situaciones donde los actos normativos de carácter general vulneren el principio constitucional de reserva de ley; de esta manera, se analizará la acción pública de inconstitucionalidad y su procedencia frente a la situación problemática planteada por la forma o por el fondo, de manera que se garantice fundamentalmente el principio de juridicidad y se fortalezca el Estado Constitucional de Derechos y Justicia.