la vulneración del derecho a la defensa en la detención con fines investigativos, en la Provincia de Imbabura Cantón Otavalo en los años 2020-2021.

Abstract

El Código Orgánico Integral Penal establece la detención con fines investigativos como medida cautelar que se sujeta a los lineamientos generales señalados en el artículo 520 del citado cuerpo normativo. La ley se incumple porque, contrario a lo dispuesto en el artículo 520, numeral 3, los jueces sólo están obligados a conceder las solicitudes de medidas cautelares previa audiencia oral, pública y contradictoria. El imputado a favor de quien se dicta la orden de aprehensión tiene derecho a la defensa y demás derechos constitucionales, sin embargo, el tiempo es irrisorio para el efecto. Sin tomar en cuenta que el Artículo 575, Numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, establece que las citaciones a audiencias por delitos no flagrantes deben realizarse con setenta y dos horas de anticipación, la audiencia de formulación de cargos se realiza mientras se firma la boleta de detención. Esta omisión implica que se viola el derecho constitucional al debido proceso. El resultado obtenido de la práctica de las entrevistas expone la necesidad de exhortar a la Asamblea Nacional como ente encargado de legislar, motive una reforma a la normativa legal vigente, denotando que incluso quienes realizan el ejercicio de administrar justicia observan la vulneración del derecho a la defensa en la detención con fines investigativos.The Comprehensive Organic Criminal Code establishes detention for investigative purposes as a precautionary measure that is subject to the general guidelines indicated in article 520 of the aforementioned normative body. The law is not complied with because, contrary to the provisions of article 520, numeral 3, judges are only obliged to grant requests for precautionary measures after an oral, public and contradictory hearing. The defendant in favor of whom the arrest warrant is issued has the right to defense and other constitutional rights, however, time is derisory for this effect. Without taking into account that Article 575,Numeral 1 of the Comprehensive Organic Criminal Code, establishes that summonses to hearings for non-flagrant crimes must be made seventy-two hours in advance, the hearing to formulate charges is held while the ballot is being signed of detention. This omission implies that the constitutional right to due process is violated.