La Contratación Pública Electrónica y su incidencia en la Seguridad Jurídica en el periodo 2024 - 2025.

Abstract

La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de la contratación pública electrónica en la garantía de la seguridad jurídica en el Ecuador durante el período 2024–2025, se hizo un análisis de la normativa existente al respecto, así como se incluyeron resoluciones adoptadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Se usó un análisis cualitativo con aplicación de entrevistas a funcionarios públicos cuyos puestos guardan relación con la contratación pública, se verificó que si bien, la legislación se ha modernizado al incorporar la contratación pública electrónica, también se ver deficiencias sobre todo en la falta de cumplimiento de la seguridad jurídica. Se concluyó que, la contratación pública electrónica aporta de forma parcial a la seguridad jurídica siendo una subgarantía del debido proceso, como aquel principio clave de un Estado de Derecho que permite a los ciudadanos comprender y proyectar las posibles consecuencias de los actos individuales y las decisiones de los actores jurídicos, fundamentado en normativas claras y aplicadas de forma pertinente, sin embargo, no existe un pleno accionar para su cumplimiento, se presentó desequilibrio de la norma desde un análisis cualitativo y si bien hay un marco legal de validez de la contratación electrónica, la aplicación en la práctica no garantiza la seguridad jurídica ya que: hay reformas continuas, existen ambigüedades o vacíos legales entre la norma técnica y jurídica, así como falta previsibilidad en los actos administrativos electrónicos. Las resoluciones del Servicio de Contratación Pública se emiten con cambios continuos en los requisitos técnicos, ejemplo de esto es en cuanto al manejo de la plataforma COMPRASAGIL o existen notificaciones electrónicas que no llegan a los involucrados, se requiere un criterio unificador de la

This research aims to analyze the impact of electronic public procurement on guaranteeing legal certainty in Ecuador during the period 2024–2025. An analysis of existing regulations was conducted, including resolutions adopted by the National Public Procurement Service. A qualitative analysis was used, employing interviews with public officials whose positions are related to public procurement. The findings revealed that while legislation has been modernized by incorporating electronic public procurement, shortcomings remain, particularly regarding the lack of compliance with legal certainty. It was concluded that electronic public procurement contributes only partially to legal certainty, acting as a sub-guarantee of due process. Due process is a key principle of the rule of law that allows citizens to understand and anticipate the potential consequences of individual actions and the decisions of legal actors, based on clear and appropriately applied regulations. However, full compliance is lacking. A qualitative analysis revealed an imbalance in the regulations, and while a legal framework for the validity of electronic procurement exists, its practical application does not guarantee legal certainty. This is due to: continuous reforms, ambiguities or legal gaps between technical and legal regulations, and a lack of predictability in electronic administrative acts. Resolutions issued by the Public Procurement Service are subject to continuous changes in technical requirements, as exemplified by the management of the COMPRASAGIL platform. Furthermore, electronic notifications often fail to reach the parties involved. A unified criterion for the validity and use of electronic signatures is needed.